La Ley de Economía del Conocimiento comenzó su recorrido parlamentario


La normativa llega a reemplazar la Ley del Software, que expirará en diciembre de 2019. Mantiene exenciones para el sector, clave para el desarrollo económico.

Comenzó a ser tratado en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto que impulsa la creación del “Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento”. 

El nuevo proyecto tiene algunas modificaciones respecto del original, que había sido presentado en diciembre pasado por el gobierno nacional luego de meses de diálogos con distintos actores exportadores de servicios. 

Se trata de un cuerpo normativo que deberá reemplazar la Ley 25.922 de Promoción de la Industria del Software, vigente desde 2004 y con plazo de caducidad en diciembre de 2019. 

Durante 15 años, y gracias a distintas acciones de promoción contempladas en dicha ley, la industria del sector pasó de contar con 5.000 empleados a más de 100 mil. En materia de exportaciones, el crecimiento también fue exponencial: de 200 millones de dólares a 1.700 millones en 2018.

La nueva regulación, que inició su discusión el pasado martes en reunión plenaria de las comisiones de Comunicaciones e Informática y Presupuesto y Hacienda, “apunta a fomentar el crecimiento, la innovación y la capacitación a través de la tecnología”, previendo una duplicación de las fuentes de trabajo en el sector.

“Además de dar continuidad a los beneficios para la industria del software, contempla a más sectores de la Economía del Conocimiento, incluyendo a las nuevas micropymes", enfatizan desde el Gobierno.

Por ende, también regularía a sectores aún no contemplados en conjunto: Industria Audiovisual, Biotecnología, Servicios Geológicos, Servicios Profesionales (de exportación), Investigación y Desarrollo Experimental, Nanotecnología, Industria Aeroespacial y Satelital, Inteligencia Artificial, Robótica e Internet Industrial, Internet de las Cosas, Sensores, Realidad Aumentada y Virtual.

La norma prevé beneficios para cada sector, como estabilidad fiscal, crédito fiscal sobre las contribuciones patronales para cancelación de impuestos nacionales y desgravación sobre Ganancias e impuestos provinciales. Además, promueve incentivos adicionales y excepcionales.

Según las primeras estimaciones, la aplicación de tales beneficios implicaría para el Estado resignar recursos por $ 10.000 millones. Además, omite considerar lo que todo el conjunto podría generar entre 2020 y 2030, lapso por el que se extenderían los beneficios fiscales.



Vaguedad y silencio



Desde la oposición realizaron distintas críticas al proyecto que comenzó a analizarse en el Parlamento.

Desde el Frente para la Victoria advirtieron sobre dos aspectos centrales: la falta de precisión para definir las actividades de los sectores incorporados y una escasa previsión del impacto de las exenciones sobre el Tesoro nacional.

“Vemos mucha vaguedad en el proyecto. Incluyen sectores como la biología o los servicios profesionales al exterior. O sea que si hacés una consultoría ambiental sobre una plataforma, estás adentro. Y si sos una gran empresa, también estás adentro. Aparece producción y posproducción audiovisual. ¿Cómo es investigación y desarrollo para la producción audiovisual? ¿Un guión para una serie es I+D? Hay que reglamentar mejor, porque cada sector tiene su especificidad”, detalla Diego Rossi, asesor del diputado cordobés Pablo Carro.

“Todo nos lleva a un costo fiscal no especificado. Pongamos que estamos de acuerdo con las actividades. De hecho, la parte de software no estaría en discusión. Pero se están olvidando de decirnos cuánto sale, cuánto dejaría de percibir el Estado por esos beneficios para esos sectores de la economía”, añade. 

“Hay contrasentido. El presidente puso en tela de juicio el régimen de promoción de la industria electrónica de Tierra del Fuego. Dicen que hay que cuidar el empleo de los profesionales tecnológicos. Si querés eso, financiá ciencia y tecnología. Pero en realidad recortaste el fondo de financiamiento del software”, prosigue. 

Dado que el proyecto recién inicia su trámite legislativo, Rossi alberga esperanzas de algunas modificaciones al texto en circulación. No obstante, admite que, por circunstancias políticas y por la premura para reemplazar una ley que caduca en meses, las chances son escasas.

“Nos parece bien que florezcan emprendedores. Pero que no se los lleven los grandes jugadores… Hay que poner un máximo de monto para que una empresa pueda ser beneficiaria. Hay sensibilidad con las pymes y está bien. Pero queremos darle racionalidad económica, presupuestaria y de defensa nacional. Hay silencio sobre el costo fiscal y los principales beneficiarios de estas políticas”, sentencia.

El proyecto que comenzó a ser discutido cuenta con las firmas de tres diputados de distintos interbloques: Marco Lavagna, del Frente Renovador, Luciano Laspina, del PRO, y el Juan Brugge, de Unión por Córdoba.

Ese dato es interpretado como una muestra de la fortaleza del acuerdo existente en el arco político. Simultáneamente, como una decantación del diálogo con distintos actores económicos, principalmente las cámaras empresariales.

“Hoy tenemos los números para aprobarlo. Veremos qué pasa en el Senado, que se verá obligado a sancionar rápidamente la norma. O por lo menos a apurar sus tiempos, porque en diciembre vence la ley de software”, indica Brugge.

El legislador cordobés justifica la incorporación de actores al marco normativo: “Son parte de la economía del conocimiento. El valor más importante es la creatividad. Los servicios profesionales incluidos son los que tengan como objeto principal exportar. Están incluidos abogados, contadores, arquitectos, que al menos 70% de su facturación esté destinado al exterior”.

“El objetivo es evitar que nuestros cerebros, sobre todo los egresados de las universidades públicas, se vayan para otro lado. Que puedan producir desde Argentina y generar ingresos para la Argentina”, añade.

Respecto de un posible perjuicio para las arcas del Estado, Brugge aclara que la próxima reunión plenaria contará con la presencia de representantes del Ministerio de Economía y del Ministerio de Producción, quienes informarán sobre el impacto fiscal que tendrían las medidas para el sector.

“Hoy la necesidad de trabajo es muy importante. Si hablamos de impacto fiscal, el Gobierno está ahorrando en materia asistencial, de programas de desempleo que tratan de contener a gente en situación de vulnerabilidad. Con esto estaríamos paliando esto. Por ello, el impacto tendería a ser neutro”, explica.

“El proyecto favorece a todos. Las pymes van a tener tratamiento diferenciado y beneficioso y los que ya acceden al mercado no van a tener una posición mejor. Pero los chicos tendrán acceso a un mercado al que no han tenido posibilidad de entrar”, remarca.

La industria del software ha seguido con sumo interés una discusión que sus principales voceros alientan desde hace años.

Entre ellos, el Córdoba Technology Cluster, que ha conformado uno de los polos de mayor crecimiento y proyección en el sector, articulando acciones de actores públicos (como el Gobierno) y privados (un 80% de las empresas que reúne califican como pymes).

“Es una ley muy positiva. Se amplía a otros sectores que pueden tener un crecimiento exponencial como tuvimos nosotros desde 2004. Y sigue apoyando al sector del software. Les sigue dando beneficios y obligaciones similares a las que tenemos hoy, en cuanto a inversión en investigación y desarrollo, porcentajes de exportación, normas de calidad. Y abre una perspectiva nueva porque las empresas pueden poner entre las obligaciones las inversiones que hacen en capacitación, y el sector nuestro en lo que más invierte es en el capital humano”, destaca Diego Casali, presidente de la institución.

“La incorporación de la exportación de servicios profesionales permitirá más inversión en I+D. También que empresas que hoy no están en la venta de servicios puedan comenzar a analizar el viraje hacia la transformación digital, con nuevos modelos de negocios. Habrá un cambio en la venta de servicios. Miremos a Uber. Una empresa que fabrica autos puede ofrecer servicios de sus productos, como el car sharing”, añade.

“Se abre un escenario muy interesante para muchos sectores, más allá del software. Por eso apoyamos esta ley”, concluye Casali.

El único aspecto observado desde el sector sobre la ley es la continuidad de una retención, que asciende a cuatro pesos por cada dólar exportado. Los empresarios reconocen que puede ser una traba para el futuro, pero entienden que se trata de un momento en el que “todos debemos poner el hombro”.





Luis Zegarra.  Redacción Puntal